Lo que aplica al contratar el servicio.
Al contratar o usar Directia, aceptas los presentes términos.
Se otorga licencia de uso, no transferible, por el plazo contratado. El software es propiedad del abogado desarrollador Pablo Ariztegui Abimerhi, responsable del ecosistema iustitia.mx, con domicilio en Mérida, Yucatán.
El producto es una herramienta auxiliar. No sustituye el criterio jurídico del abogado usuario, quien es el único responsable del uso profesional que dé al resultado generado.
Cómputo de plazos. Directia calcula fechas de vencimiento a partir de los datos que tú capturas y del calendario de días inhábiles publicado por el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Es una herramienta de apoyo: la fecha que arroja el sistema no sustituye la lectura del acuerdo ni la consulta del calendario oficial vigente. El abogado usuario debe confirmar cada plazo contra el acuerdo notificado y el acuerdo de días inhábiles aplicable antes de actuar.
Lectura de documentos con inteligencia artificial. Directia puede clasificar, resumir y extraer datos de los documentos que subes (incluidos los que llegan por foto o escaneo), apoyándose en inteligencia artificial. Es también una herramienta de apoyo: no sustituye la lectura íntegra del documento por el abogado usuario, quien debe confirmar el contenido antes de actuar con base en él.
El pago da acceso por el periodo contratado. Los medios de pago disponibles son MercadoPago (tarjeta, efectivo en OXXO y transferencia SPEI) y PayPal (tarjeta y saldo PayPal). Factura a solicitud: no se te piden datos fiscales al contratar. Si necesitas CFDI 4.0, escribe a contacto@iustitia.mx con tus datos fiscales después de pagar y se te emite. La emisión es manual: el sistema no factura solo.
Puedes cancelar en cualquier momento. Si cancelas antes del término, no hay reembolso parcial salvo error imputable a nosotros.
La responsabilidad máxima se limita al monto pagado en los últimos 12 meses. No hay responsabilidad por decisiones procesales basadas exclusivamente en el resultado del software.
Salvedad de orden público. Lo anterior no limita ni excluye aquello que la ley no permite limitar. La Ley Federal de Protección al Consumidor es de orden público y sus disposiciones son irrenunciables (artículo 1), y su artículo 90 tiene por no puestas las cláusulas de los contratos de adhesión que liberen al proveedor de su responsabilidad civil, que la trasladen al consumidor o a un tercero, que permitan al proveedor sustraerse unilateralmente de sus obligaciones o que obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esa ley. En consecuencia, quedan a salvo esas responsabilidades indelegables, así como los casos de dolo, mala fe o negligencia grave del proveedor. Si alguna parte de esta cláusula resultara contraria a una norma de orden público, se tendrá por no puesta únicamente en esa medida y el resto conservará plena validez.
Los expedientes, clientes, documentos, plazos y registros que capturas o cargas en Directia son propiedad del despacho usuario. No adquirimos ningún derecho sobre ellos, no los comercializamos y no los usamos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Puedes exportarlos en cualquier momento desde la propia herramienta, en formatos abiertos y sin costo adicional, incluso si tu suscripción ya venció: la exportación se mantiene habilitada aunque el resto del acceso esté suspendido por falta de pago. Al terminar la relación, los datos se conservan por un periodo razonable para permitir su descarga y después se eliminan a solicitud del titular, conforme al aviso de privacidad. Los proveedores que procesan datos por cuenta nuestra están declarados como encargados en ese mismo aviso.
Garantía sobre lo que subes. El despacho usuario declara tener derecho a cargar en Directia los documentos, datos personales de terceros (clientes, contrapartes, testigos) y materiales que suba, y es responsable frente a esos terceros del tratamiento de sus datos conforme a la ley aplicable. Directia procesa esa información únicamente como encargado, para prestar el servicio contratado.
Directia se presta en línea y puede interrumpirse por mantenimiento programado, fallas del proveedor de infraestructura, cortes de conectividad o causas de fuerza mayor. No se ofrece ni se garantiza un porcentaje de disponibilidad. Procuramos avisar con anticipación del mantenimiento programado y restablecer el servicio a la brevedad, y mantenemos respaldos diarios cifrados de la información. Ante una interrupción prolongada podrás solicitar una copia de tus datos por los medios de contacto publicados. La responsabilidad por una interrupción se rige por la cláusula 5 y no comprende consecuencias procesales derivadas de no haber confirmado un plazo por los medios oficiales, conforme a la cláusula 2.
Para cualquier controversia, las partes se someten a los tribunales competentes de Mérida, Yucatán, México.
Última actualización: 22 de agosto de 2026 — versión 2026-08-22. Responsable: Pablo Ariztegui Abimerhi. Cambios respecto a 2026-08-21: se extiende el deslinde de "herramienta de apoyo" (cláusula 2) a la lectura de documentos con inteligencia artificial, que antes solo cubría el cómputo de plazos; y se agrega a la cláusula 6 que el despacho usuario garantiza tener derecho sobre lo que sube y es responsable frente a terceros por los datos personales que suba. Cambios anteriores, respecto a 2026-07-31: ninguno en el clausulado. El número de versión sube porque estos términos y el aviso de privacidad se aceptan juntos y llevan una sola numeración, y el aviso sí se actualizó ese día. Cambios anteriores, respecto a 2026-07-26: se agrega a la cláusula de Responsabilidad la salvedad de orden público, que deja a salvo las responsabilidades indelegables de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ley de orden público cuyas disposiciones son irrenunciables (artículo 1) y cuyo artículo 90 tiene por no puestas las cláusulas de los contratos de adhesión que liberen al proveedor de su responsabilidad civil, la trasladen al consumidor o a un tercero, permitan al proveedor sustraerse unilateralmente de sus obligaciones u obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esa ley; quedan igualmente a salvo los casos de dolo, mala fe o negligencia grave. Lo pactado en versiones anteriores sigue vigente en todo lo que no se oponga a esta salvedad.
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